Consulta catalana: POR EL DERECHO A DECIDIR

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado el día 27 de septiembre el decreto por el que convoca una “consulta” sobre el futuro como estado de Catalunya para el 9 de noviembre.. Hace esto en cuanto se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la Ley sobre Consultas Populares aprobada en el Parlament en la que se basa el decreto. Con esto se ha cruzado el rubicón. El gobierno de Rajoy ya había amenazado con reunirse en ese mismo momento para presentar un recurso al Tribunal Constitucional para paralizarla. Lo ha hecho el día 29, tras el informe preceptivo del Consejo de Estado, reunido el 28, un domingo, para elaborarlo. A velocidad de vértigo, la abogada del estado ha presentado el recurso del gobierno al Tribunal Constitucional y éste se ha reunido el mismo día 29 (las reuniones ordinarias deben ser convocadas con al menos tres días de antelación) para suspender cautelarmente por 5 meses la consulta. La cosa está al rojo vivo. Es obligación del movimiento obrero hacer oír su postura. Que no puede ser otra que afirmar el derecho de Catalunya a decidir.

los antecedentes

La prensa españolista presenta al proceso soberanista catalán como si hubiera surgido de la cabeza de Mas. No hay nada de eso. Mas no está encabezando un movimiento disciplinado sino cabalgando un potro salvaje sin tener claro si se va a caer. Cuando muchos le acusaron de suicida por comenzar un proceso soberanista que en lugar de darle votos le ha hecho perderlos (entre las elecciones catalanas de 2010 y 2012, perdió 12 escaños en beneficio de ERC que subió 11), no ven que si no hubiera encabezado el proceso, hubiera perdido aún más. El que Durán i Lleida, secretario general de CiU y presidente de UDC, uno de los dos partidos que la forman, se haya tirado por la borda, lejos de significar una pérdida para CiU le ha servido para perder lastre.

Catalunya tiene una larga historia de lucha por sus derechos nacionales, comenzando por la renaixença (renacimiento) cultural y lingüística del siglo XIX (las referencias a 1714 forman parte de la mitología del nacionalismo, es un anacronismo hablar de naciones en el siglo XVIII). A lo largo de la Restauración, el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera y la República, la reivindicación nacional catalana fue pasando de la gran burguesía regionalista de la Lliga Regionalista a la pequeña burguesía radicalizada de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que proclamó en dos ocasiones (1931 y 1934) la república catalana. Durante la república este movimiento llegó a la constitución de un gobierno regional propio, la Generalitat (llamada así por una institución medieval fundada en el siglo XIV y disuelta por los borbones en 1716 tras acabar con la breve independencia) aunque fuera intervenido dos veces desde el estado central, en 1934 por la derecha y en 1938 por el Frente Popular. La cuestión nacional catalana siguió siendo uno de los ejes fundamentales de la oposición antifranquista allí, mientras en todo momento se mantuvo la continuidad de la Generalitat en el exilio.

Y sin embargo, incluso durante el franquismo el independentismo era marginal. “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía” era la consigna más coreada. No otra cosa pedía la Assemblea de Catalunya (1971-7), el organismo de colaboración de clases en el que estaban desde la burguesía nacionalista de lo que luego sería CiU hasta los maoístas. Ni siquiera el derecho a la autodeterminación era una consigna movilizadora como en Euskadi.

Es que el auge actual del independentismo tiene un origen mucho más cercano. Aunque el crecimiento de la aspiración a más autogobierno ha sido un mar de fondo durante toda la transición, el gobierno tripartito (ERC-PSC-ICV) intentó convertirla en manejable con su propuesta de Estatut (2005).

El nuevo Estatut, poco más que una nueva vuelta de tuerca en la descentralización administrativa pero que incluía la palabra tabú, “nación” se aprobó en el Parlament sólo para ser “aguado” en el Congreso por un pacto entre Zapatero y CiU. Como simples medidas administrativas, los estatutos de autonomía son leyes del estado que se aprueban en Madrid y no en el territorio donde van a regir.

Ante el “descafeinamiento” del Estatut, ERC rompió el tripartit. Cuando el presidente catalán Maragall convocó un referéndum (para reafirmar el apoyo popular, porque no era necesario, ya era ley), ERC llamó a votar no. El referéndum aprobó el estatut pero con una abstención masiva. Y sin embargo, este Estatut se ha caído.

Muchos analistas señalan el momento en que el Tribunal Constitucional tiró el Estatut en 2010 como el momento en que el independentismo se convirtió en una idea arrolladora en el pueblo catalán. Para millones de catalanes, era la prueba de que no es posible caminar hacia el autogobierno bajo las instituciones del régimen monárquico del 78.

En 2012, tras el fracaso de Mas, nuevo presidente catalán, en conseguir un nuevo concierto económico con el estado central, el Parlament aprobó ir hacia un referéndum de autodeterminación (con el nombre de “consulta”). Tras las nuevas elecciones, en 2013 el Parlament proclamó el derecho a la autodeterminación de Catalunya (“Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Catalunya”).

En Catalunya, la contradicción entre la cuestión nacional y la social ha adoptado históricamente un matiz particular. Mientras que la gran burguesía industrial catalana ha sido tradicionalmente catalanista y no españolista (a diferencia de la vasca), mientras que la pequeña burguesía más tradicional y el campesinado también lo han sido, al igual que la muy desarrollada intelectualidad, la clase obrera industrial, mayoritariamente de origen inmigrante español incluso en la época de Alfonso XIII y la 2ª república, tradicionalmente fue españolista, abiertamente o encubiertamente, como cuando los anarquistas “negaban” la cuestión nacional.

Esto facilitaba que los sectores españolistas del movimiento obrero, socialdemócrata y stalinista, además de la burocracia sindical, especialmente en Andalucía y otros lugares de origen de los inmigrantes, se adaptaran a los prejuicios atrasados contra Euskadi y Catalunya. El odio al catalán se convirtió en un instrumento de reafirmación del españolismo.

Pero esto ha cambiado radicalmente. Cada nueva generación de obreros de origen inmigrante se ha integrado más en Catalunya. Esta es la base sociológica que explica que CCOO y UGT en Catalunya estén apoyando la consulta a pesar de que ambas confederaciones a nivel estatal son pilares del régimen españolista, y también a pesar de sus lazos con el aparato socialdemócrata. Esto es lo que explica el hecho paradójico de que el PSC no está en el proceso soberanista (tiene en su interior una lucha a muerte entre sectores catalanistas y españolistas) mientras que la UGT catalana sí lo está. Hoy los españolistas en Catalunya, representados políticamente por el PP y Ciutadans son una minoría residual y no proletaria. Hoy independentista no son sólo los intelectuales catalanoparlantes, los botiguers o los estudiantes universitarios de familia de clase media, también lo son los obreros industriales y toda la clase trabajadora asalariada. Nunca fue más verdad lo que dijo Trotsky en 1931: “Pero mientras que el “separatismo” de la burguesía catalana no es para ella, en su juego con el gobierno de Madrid, más que un instrumento contra los pueblos catalán y español, el separatismo de los obreros y de los campesinos es la envoltura de su indignación social.”

Escocia como modelo

El proceso soberanista en Catalunya se está desarrollando tomando como modelo y al mismo tiempo inspirando, al proceso que ha llevado al referéndum de autodeterminación de Escocia.

En Escocia el pasado 18 de septiembre se ha celebrado un referéndum que ha acabado finalmente por ratificar su pertenencia al Reino Unido de la Gran Bretaña. Sin embargo, no estaba garantizado de antemano que perdiera la opción independentista, ni tampoco que en caso de ganar no fuera a materializarse.

Desde luego, hay similitudes entre los procesos escocés y catalán. Pero son llamativas las diferencias. La más significativa es la que hay entre los regímenes políticos a los que ambos procesos se enfrentan. El Reino Unido ya en su nombre indica que se considera una unión personal de reinos; no niega la existencia como nación de Escocia. Además, la unión se considera personal y voluntaria; implícitamente siempre se reconoció la posibilidad de que se pueda romper si uno de los participantes así lo quería. Por otro lado, la separación política no afectaría en lo más mínimo al poder económico del imperialismo británico-inglés. El entrelazamiento empresarial entre las burguesías escocesa e inglesa hace que la “independencia” sería poco más que una autonomía, una descentralización administrativa. El proceso en ningún momento amenazó al poder económico inglés en Escocia. Eso explica el carácter pacífico, casi festivo, del proceso. Desde ninguno de los dos bandos se sintió como un enfrentamiento a vida o muerte. En este sentido, el proceso escocés se parece al quebequés, que ya ha pasado por dos referéndums (1980 y 1994).

Por el contrario, el nacionalismo español en que se basa el régimen monárquico del 78 niega la propia existencia de Catalunya como nación; según él son “españoles” de Cataluña. Y no sólo no reconoce jurídicamente su derecho a la autodeterminación. Es que la negación de este derecho, el mantenimiento de la “unidad de España” fue la clave del acuerdo entre el aparato de estado franquista y las fuerzas “de oposición” en la transición. Por eso es inimaginable que pueda ejercerse de forma pacífica.

Por eso la Constitución Española (artículo 8) coloca en manos del ejército la defensa de la unidad de España. Y no es algo que se haya olvidado. El primer ministro de Defensa de Aznar, según se dice, impuesto por el Rey, Eduardo Serra, exUCD y alto cargo con el PSOE, alguien inamovible en el ejército, lo recordó en referencia a Euskadi el 10 de enero de 2000, con el consiguiente escándalo.

Porque no hay modo de escabullirse, según la Constitución Española el ejército debería intervenir ante cualquier proceso secesionista, al lado o incluso por encima del gobierno central. Es que la “unidad de España” es el cimiento ideológico sobre el que se construyó el ejército del 18 de Julio, junto a la lucha contra el comunismo (o la “masonería”). Pero, ¿Existe un peligro real de intervención militar? ¿No podría ser que, después de tantos años, el ejército español se haya “ablandado” sobre este punto?

Todo parece indicar (ver las revelaciones del teniente Luis Gonzalo Segura) que la política de Felipe González de conceder todo tipo de privilegios a los oficiales para reblandecerlos ha tenido cierto éxito. Desde luego, la corrupción del ejército español es proverbial y viene de largo. Sin embargo aunque los privilegios y la vida muelle de los altos oficiales les haya ablandado, despolitizado y disuadido de intervenir constantemente en política, no sólo hay que tener en cuenta la persistencia de la tradición sino el hecho de que la Constitución siga poniendo en sus manos el cuidado de la unidad de España. Las repetidas filtraciones periodísticas de planes del CNI para intervenir militarmente en Catalunya, planes encargados por el propio gobierno central, son una pista de que el peligro sigue vigente.

Las burguesías española y catalana ante la posibilidad de la independencia

De todos modos, no parece lo más probable una reacción unilateral del ejército. No porque la burguesía española se ha construido históricamente, con componentes madrileños pero también terratenientes andaluces, ricos galegos, banqueros vascos, etc, sobre la base de la negación de la existencia de hechos nacionales en la península. Y se ha aferrado como su representación institucional a la dinastía borbónica, cuya llegada a España en el siglo XVIII fue el punto de partida del proceso centralizador por la fuerza desde arriba. Como cada vez que se aflojaba el control asfixiante del gobierno central españolista, ya sea el rey borbón o la dictadura militar-fascista, se ha visto renacer a las tendencias centrífugas, (en el período tras la “revolución gloriosa” de 1868 y la 1ª República, durante la 2ª República y luego durante la transición), en la mente de la gran burguesía, el separatismo se iguala con la subversión. Cuando en 1936 José Calvo Sotelo, líder de la derecha golpista, dijo que “preferían una España roja a una España rota” y Jesús Larrañaga, diputado vasco del PCE le respondió “una España roja sería una España rota”, ninguno pudo expresar mejor el meollo de la cuestion. El PP, el partido heredero en gran medida del franquismo, encarna esta continuidad españolista.

Pero el cuadro queda incompleto si no examinamos la postura de la burguesía catalana. Aunque fue esta clase la que lideró la recuperación de la lengua y levantó con fuerza reivindicaciones contra el estado central -pero reivindicaciones que la beneficiaban como empresarios industriales, más que como representantes de una nación oprimida- nunca tuvo como objetivo la constitución de un estado independiente. De hecho, su tira y afloja con el gobierno de Madrid encubría tan poco la unidad de sus intereses que cada vez que estaba en riesgo el conjunto del sistema, la burguesía catalana corría en ayuda de la española. Cambó fue ministro en gobiernos conservadores de Alfonso XIII y financió a Franco. En cuanto a Pujol y CiU, primero tranquilizó a todos cuando ganó las elecciones catalanas contra todo pronóstico en 1980 frente a la izquierda y luego ha sido un comodín para estabilizar los gobiernos de Madrid, ya sean de Felipe González o de José María Aznar.

Por eso el cambio actual de posición de la gran burguesía catalana resulta sorprendente. Por un lado, tiene que ver con cabalgar un inmenso movimiento social cuya representación organizativa, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), organizadora de masivas diadas envueltas en la estelada, no está controlada por ningún partido. Por otro lado, tiene que ver también con que la burguesía industrial catalana, más competitiva que la española, piensa que saldría beneficiada incorporándose por su cuenta a la Unión Europea sin el fardo de la atrasada España. Porque la pertenencia a la UE no la ponen en duda en ningún momento.

En cualquier caso, conviene aclarar que la gran burguesía no ha apostado de forma inequívoca por la independencia. A pesar de lo que se dice, Mas no encabeza un movimiento por la independencia. La “consulta” que ha organizado no es vinculante, dice que no se celebrará si es ilegal (menos aún proclamará la independencia, aún más ilegal); y no olvidemos que su justificación para ir a la Consulta no fue la afirmación por sí de la nacionalidad catalana, sino una especie de chantaje al estado central por no haber conseguido llegar a un acuerdo fiscal. Mientras tanto, el govern de CiU ha aplicado con creces los recortes que exijen el gobierno central y la Troika, en medio de una represión sin paralelo. Su policía autonómica, los Mossos d´Esquadra han logrado el triste mérito de ser el cuerpo policial con más denuncias por represión y maltrato.

A estas alturas, con las revelaciones de los SMS de Moragas a la exmujer del hijo de Pujol, no hay forma de negar que ha sido el gobierno de Rajoy el que ha hecho estallar el escándalo, obligando a Jordi Pujol a hacer su declaración de “arrepentimiento”. No se trata de que no pase nada. Siempre se sospechó de una red de comisiones ilegales cobradas a las constructoras montada desde la Generalitat. Hubo un momento en que Maragall se lo soltó a Mas (que había sido el consejero del ramo en el Govern de Pujol) pero en cinco minutos lo retiró y no se volvió a hablar del tema. No sería de extrañar que en poco tiempo se descubriera que es éste el origen de la famosa “herencia paterna” que Pujol tenía escondida en Andorra. Y si el “Molt Honorable” se comportaba así, sólo imaginemos como lo hace la clase social que lo elevó a los altares.

sin defender el derecho a decidir no se es demócrata

Desde estas hojas hace tiempo que llevamos una campaña de denuncia del modo como casi toda la izquierda olvida las reivindicaciones anticapitalistas sustituyéndolas por las “ciudadanas”, es decir, las puramente democráticas. Pero eso no significa que estas reivindicaciones no sean importantes. No se puede luchar por la revolución social sin ser demócrata consecuente. Y una parte consustancial de la democracia es el derecho a la autodeterminación.

En España, la ideología oficial es denunciar al “nacionalismo” y por esta palabra referirse al catalanismo, vasquismo, galeguismo, etc. Pero el nacionalismo peor, el más exclusivista porque es el único que niega la misma existencia de las demás naciones, y además porque está en el poder y forma el núcleo ideológico de su esqueleto más reaccionario, es el nacionalismo españolista, el que afirma la “unidad de la patria”. El que no reconoce la existencia de distintas naciones dentro del Estado Español. No es posible ser demócrata en España sin partir de denunciarlo y defender el derecho a la autodeterminación de las naciones. Lo que equivale al derecho a decidir, decidir si se van o se quedan y en qué condiciones, sin ingerencia externa.

La posición proletaria ante la cuestión nacional en la península ibérica

Pero la defensa del derecho a la autodeterminación, la defensa del derecho de los catalanes a definir su propio futuro, no implica necesariamente una toma de posición independentista. En absoluto.

El socialismo es imposible en un sólo país. Fue sobre esta cuestión precisamente sobre la que se entabló la batalla entre el stalinismo contrarrevolucionario y el bolchevismo. El resultado es bien conocido.

Los comunistas revolucionarios, en igualdad de condiciones, siempre apostamos por unidades territoriales tan grandes como sea posible. El objetivo de la revolución social no es crear muchos estados independientes sino fusionar las naciones. Por eso, aunque a veces la disgregación de un estado sea un resultado relativamente progresista -porque se trataba de un estado retrógrado, un obstáculo para el desarrollo- como norma general de lo que se trata es de superar el marco estatal burgués y no reducirlo.

En el caso concreto español, a esto hay que añadir que dos de las naciones oprimidas políticamente, a las que se les niega el derecho a la autodeterminación, Euskadi y Catalunya, están más desarrolladas desde el punto de vista capitalista que el resto del Estado. Por eso es totalmente justo decir que los beneficios de sus burguesías representan trabajo no pagado no sólo de sus propios proletariados, sino también de los trabajadores andaluces, extremeños, murcianos, etc, en virtud simplemente del funcionamiento de la ley del valor (el grueso de la industria con alta composición orgánica de capital se concentra allí).

Por eso la solución que levantamos los comunistas revolucionarios, desde 1931, es la Federación de Repúblicas Socialistas Ibéricas que mantenga el derecho a la autodeterminación y asegure la cooperación económica. En ningún caso estaríamos por imponer esta solución por la fuerza a ninguna nación (la federación es una unión voluntaria que puede romperse unilateralmente, por voluntad de una de las partes). La unidad económica es un componente necesario; la Federación necesitará usar recursos para ayudar a las regiones más atrasadas -Andalucía, Galiza, Extremadura, etc. La Federación Ibérica la concebimos como un paso hacia los Estados Unidos Socialistas de Europa.

La “federación” de la que hablamos no tiene nada que ver con el supuesto “federalismo” del PSOE. Pedro Sánchez y los suyos hablan de una reforma constitucional que nos lleve a lo que llaman “federalismo”, una descentralización administrativa más profunda que la del estado de las autonomías. Pero para nosotros, en la tradición federalista republicana y la tradición comunista revolucionaria federación es sinónimo de confederación: los entes que se federan mantienen su soberanía, siempre tienen derecho a separarse cuando quieran. Por lo tanto la federación es inalcanzable mediante una reforma de la constitución. Necesita una revolución.

La independencia por sí misma no resuelve nada. Bajo el capitalismo no tiene otro sentido que ser una forma de escabullirse de pagar impuestos. Y es absurdo hablar de estado independiente “socialista”; no puede haber una Catalunya socialista como no puede haber ni siquiera una España socialista. Incluso el conjunto de Europa se queda pequeño para la construcción del socialismo. Lo único que se puede, y se debe comenzar desde el principio es a poner los cimientos -expropiación de la burguesía, inicio de la planificación- pero el socialismo, es decir, una sociedad sin clases ni moneda, es sencillamente inimaginable en un marco tan estrecho. Por eso es necesaria la revolución mundial.

La única clase que puede abrir el camino al socialismo, que es la única salida que existe a la miseria y decadencia que nos está trayendo el capitalismo, es el proletariado. Pero para poder hacerlo, necesita conquistar su independencia política. Por el contrario, todas sus organizaciones políticas y sindicales se empeñan en manternerlo atado a la burguesía. Las organizaciones españolas, a la burguesía española por la vía del españolismo, de no defender el derecho a la autodeterminación. Pero las organizaciones catalanas están subordinando al movimiento obrero a Mas. Que lo haga ERC no extraña. No votó en ningún momento a favor de la destitución del director general de los Mossos de Escuadra, responsable de dejar tuerta a una mujer usando bolas de goma, en plena huelga general.

El papel de las organizaciones obreras en España y en Catalunya es distinto. Y nadie lo está cumpliendo.

En Catalunya las organizaciones de clase deberían estar señalando un camino autónomo frente a la gran burguesía de CiU. Este camino autónomo incluye la lucha por la federación con los demás pueblos, liberados conjuntamente del yugo monárquico. Incluye llamar a la clase trabajadora catalana a afiliarse a sindicatos de ámbito estatal y no constituir sindicatos separados. El seguidismo al catalanismo en nombre de la autodeterminación es mortal. La experiencia de la Generalitat en 1936-7, cuando la participación de todos, incluyendo a CNT y POUM en en govern fue el punto de partida del retroceso de la revolución, debería tenerse en cuenta. Es una pena que lo que están haciendo desde ICV hasta la CUP no es unidad de acción por una reivindicación democrática, en realidad están formando parte de un frente político con Mas. No están explicando que inevitablemente en algún momento del trayecto se va a apear del tren y por lo tanto no educan a la clase en que tendrá que coger la máquina.

En cuanto a las organizciones obreras españolas, su obligacion como demócratas es defender el derecho de Catalunya a decidir. Ninguna lo está haciendo.

El papel del PSOE es repugnante. Si su filial catalana, el PSC está enfrascada en una pelea interna mortal sobre este tema, fuera de Catalunya no tiene dudas. Tanto Rubalcaba como Pedro Sánchez se han ofrecido una y otra vez a llegar a un pacto con el gobierno más reaccionario de la “democracia” contra los derechos nacionales catalanes. El gobierno de Rajoy tenía que esperar al dictamen del Consejo de Estado para presentar su recurso al Constitucional que paralice la consulta. El Consejo de Estado, institución de vieja data monárquica y franquista, está lleno de exministros del PSOE además de Zapatero, junto con exministros y expresidentes del gobierno de UCD y PP. La posición del PSOE no se ha diferenciado de la de éstos últimos. El PSOE, como lo fue siempre, sigue siendo un pilar del españolismo. IU habla de “federalismo” pero en realidad su postura es la misma que la del PSOE. El PCE durante la guerra civil abandonó toda defensa del derecho a la autodeterminación y adoptó una variedad de españolismo que no pueden disimular. A Podemos ni se le oye ni se le espera. Todo lo arreglan con esperar a la famosa “Asamblea Ciudadana” para la que no paran de discutir minucias organizativas, pero no existen para los problemas políticos acuciantes. Total, como hay “casta” a ambos lados del Ebro... Pero es imposible dejar de pensar que los frecuentes llamados al “patriotismo” de Pablo Iglesias no tengan que ver con su actual postura, de apoyo vergonzante al españolismo por inacción.

Las burocracias de CCOO y UGT procuran hablar poco. Aunque nadie duda que son españolistas y monárquicas hasta los tuétanos, hasta ahora han intentado no desautorizar a sus ramales catalanes que apoyan la consulta.

Mención aparte merece la CGT. Como en tantas otras ocasiones anteriores, la ideología “anarcosindialista” significa plegarse a los prejuicios atrasados. CGT no ha hablado contra la monarquía más que en el momento en que, con la abdicación, miles salieron a las calles contra ella. Teniendo en cuenta el peso de los prejuicios españolistas en la clase obrera española, no es de extrañar que CGT acabe no haciendo nada, encubriendo su pasividad en frases “izquierdistas” supuestamente “internacionalistas”.

En realidad no es una casualidad que el conjunto del movimiento obrero mantenga un perfil tan bajo en esta crisis. Es que todas las burocracias obreras saben que esto no es una movilización cualquiera sino una que afecta las mismas bases del régimen. Por lo tanto, es una movilización objetivamente revolucionaria, democrática pero que plantea la necesidad de la revolución socialista. Y ninguna de estas quiere hacer esta revolución. Para ello hace falta un nuevo partido, una sección española de la IVª Internacional reconstruida con presencia en Catalunya. Esa es la tarea a la que dedicamos nuestros esfuerzos.

Grupo de Comunistas Internacionalistas, 2 octubre 2014

• Mas: con la consulta no te eches atrás
• ni el gobierno de Madrid ni el Tribunal Constitucional tienen autoridad para despojar a Catalunya de su derecho a decidir.
• Paremos cualquier intervención judicial, policial o militar
• por la unidad de la clase trabajadora de todo el Estado Español en defensa del derecho de Catalunya a decidir su destino.
• Abajo la monarquía centralista, abajo la Constitución que niega los derechos de los pueblos.