Tras el decretazo de recortes a funcionarios y pensionistas, el Gobierno aprueba la reforma laboral
El gobierno español finalmente aprobó la reforma laboral, que en esencia viene a abaratar los costes laborales: facilitar el despido subvencionando las indemnizaciones y bonificar los contratos temporales. Este decreto de reforma laboral da continuidad a la ofensiva que el Gobierno aplica para que la crisis económica la paguen los trabajadores. Primero fue el recorte salarial de funcionarios y congelación de las pensiones con el decretazo de reducción del déficit público, y ya ha anunciado un tercer decretazo: el “Pensionazo”, para subir la edad de jubilación y recortar más las pensiones.
Esta política no es una particularidad española, sino que es común a todos los países de la Unión Europea, desde la que se impulsa que todos los países miembros adopten medidas similares. También son alentadas por el Fondo Monetario Internacional que, a partir de la crisis de la deuda pública griega, ha comenzado a intervenir en los asuntos europeos. En realidad ninguno de los grandes partidos (PP, CIU, PNV,…) cuestionan esta nueva política económica gubernamental, porque todos piensan que es necesaria para resolver la crisis del sistema capitalista, y si no las apoyan en el parlamento es por meras consideraciones de política electoral. Todos defienden al Capital y a los banqueros y por eso los subsidian mientras recortan los derechos de los trabajadores y de los sectores más pobres de la población. Que la crisis la paguemos los trabajadores significa que el capitalismo se reconstruya sobre una derrota histórica de los trabajadores.
La débil participación del 8 de junio envalentonó al Gobierno, que aprovechó para aprobar el decretazo de la reforma laboral.
Las exigencias de la Comisión Europea obligaron al Gobierno a aprobar por la vía urgente el decretazo de reforma laboral, tramitándose posteriormente en el parlamento para que se le puedan introducir enmiendas que le permitan recabar el apoyo de otros partidos. Por ello se limitó a reformar los apartados de despidos, bonificaciones a la contratación y los cambios de condiciones laborales y de la cláusula de descuelgue de los convenios, dejando para ese trámite la reforma de la negociación colectiva. El proceso no ha terminado todavía, la voz de los trabajadores no se ha escuchado aún; esta reforma se puede revertir, obligando al Gobierno a retirarla. Precisamente para eso las direcciones confederales de CCOO y UGT han convocado una huelga general para el 29 de septiembre. Pero ¿por qué, si el Gobierno ha aprobado el 16 de junio el decreto-ley, se convoca la huelga general para finales de septiembre, tres meses después? La razón está en las dudas y vacilaciones de los dirigentes sindicales, sobre todo a partir del fracaso de la huelga del 8 de junio. En ella, la participación pudo estar entre el 30 y el 40 %. Las principales razones del fracaso fueron la falta de confianza en la movilización para tirar atrás el decreto (por la existencia de un difuso sentimiento de “tener que hacer sacrificios a favor de los 4,5 millones de parados”, esto es, que ha calado la propaganda del Gobierno). Pero además otra causa del fracaso de esta convocatoria fue el odio a CCOO y UGT, no un sentimiento antiburocrático sino antisindical, que ha sido auspiciado por la derecha, que ha aprovechado la denuncia de los muchos liberados sindicales, las subvenciones públicas a los sindicatos, fenómenos éstos que son ampliamente rechazados por los trabajadores, para cuestionar la existencia misma de los sindicatos. Ello ha contribuido a la desmovilización y al fracaso de la huelga. Actualmente a este discurso, a raíz de la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, se ha añadido el criminalizar la acción de los piquetes y pedir garantías del cumplimiento de los servicios mínimos autoimpuestos por las propias empresas. Esto no quita responsabilidad a los dirigentes de CCOO y UGT, porque frente a estas acusaciones su política ha sido la de las concesiones al Gobierno y la patronal por la vía del “diálogo social”, mientras disfrutaba de las prebendas que le otorgaban; mientras aumentaba la desconfianza y el malestar de los trabajadores ante estas actitudes.
.Ahora no valen excusas, hay que organizar el 29-S para hacer retroceder el plan de ajuste del Gobierno
El resultado del fracaso de la convocatoria del 8 de junio no es sólo la pérdida de esa batalla sino también el atraso de la convocatoria de la huelga general y la desconfianza en la misma. Salimos a la pelea con un lastre. CCOO y UGT tienen la mayor parte de la responsabilidad por los años de paz social y por comenzar la movilización con una huelga corporativa. Pero la agresión a los trabajadores que supone la reforma laboral es de tal profundidad que es necesario pasar a la acción y ello sólo es posible mediante una huelga general, y ésta ya está convocada, para el 29 de septiembre. Los trabajadores nos jugamos mucho en esta huelga, porque si ganamos, estaremos más fuertes para seguir haciendo frente a nuevas medidas del Gobierno, pero si perdemos, significará el retroceso de la clase obrera de este país más importante desde el final de la dictadura. Hay que preparar la huelga, no hay excusas para no hacerlo.
Hay sindicatos "alternativos" (como la Coordinadora Sindical de Madrid, el SU, etc…) que cuestionan esta convocatoria, no por ella, sino por lo que no se hizo con anterioridad, por la política de diálogo social que han llevado a cabo las direcciones de CCOO y UGT y que han determinado toda una serie de pérdidas de derechos laborales y de retrocesos sociales. Ellos dicen que esa convocatoria no pretende echar abajo la reforma laboral, sino colocar a estos dirigentes en mejor situación para continuar su política de concertación social. Es cierto que una victoria de la huelga general reforzaría la legitimidad de la burocracia sindical en una eventual vuelta al diálogo social, pero en circunstancias distintas, con una clase trabajadora movilizada y que acaba de derrotar al decretazo. Y en todo caso la intensidad de la agresión que supone la reforma laboral justifica la necesidad de una movilización amplia y unitaria y hoy por hoy los únicos que tienen capacidad real de convocar una huelga general en España son CCOO y UGT. Esa su responsabilidad porque para la mayoría de los trabajadores son su referencia sindical.
Además, estos sindicatos alternativos tienen su parte de responsabilidad. Han ido por el camino fácil, la crítica a CCOO y UGT haciendo crecer los prejuicios antisindicales, sin dar alternativa, abandonando el discurso de unidad de clase y levantando entre ellos una pelea corporativa por sectores y en perspectiva electoral.
Por ahora, la CGT, que llevaba dos años reclamando una huelga general, ha ido levantando una política unitaria. Esta política correcta ha sido el producto de una encarnizada lucha interna, porque hay sectores autoproclamativos que tenían posiciones parecidas a las del "sindicalismo alternativo". De todos modos, mientras en unas localidades la CGT organizaba cortejos críticos en las manifestaciones unitarias, en otras lamentablemente se descolgó con convocatorias separadas. Pero hay una oportunidad nueva: CCOO y UGT han escrito a CGT pidiéndole convocar conjuntamente la huelga general. La CGT decidirá el día 8 si lo acepta. Esperamos que lo haga.
No debemos lanzarnos a convocatorias minoritarias que separan a los trabajadores en los centros y hacen recaer la represión sobre los mejores luchadores. Nuestra tarea es sostener la movilización de aquí al 29 de septiembre, huelga general en España y puede que en otros países europeos. La contundencia y la fuerza de una huelga general deriva de la unidad de todos los trabajadores, por ello el peso no lo podemos poner en la crítica a CCOO y UGT ni en su responsabilidad en la desmovilización, a pesar de la justeza de esta crítica, sino en el éxito de la huelga y en la unidad de todos los trabajadores.
Preparemos la Huelga General en los centros de trabajo y en la calle para que sea un éxito
Para preparar la huelga general lo primero que hay que hacer es informar a los trabajadores del contenido de la reforma laboral y de cómo nos va a afectar, y para ello es necesario convocar asambleas en los centros de trabajo. Pero no basta con esto, es necesario llegar a más, organizar la propia huelga desde esas asambleas de centros, no basta con que las asambleas sean meramente informativas es necesario que sean resolutivas, esto es, que aprueben las medidas a realizar para asegurar la huelga en esa empresa.
Este conflicto excede de los límites puramente laborales y hay que llevarlo a la calle. En la jornada del 29 de septiembre tiene que haber manifestaciones masivas en las calles, y para ello hay que hacer un llamamiento a participar en ellas a todas las organizaciones políticas y movimientos sociales para asegurar esa masividad. Y de la misma forma que sabemos que con el decretazo de la reforma laboral no finaliza el ataque que el Gobierno emprende contra los trabajadores de este país, tenemos que dejar claro que no basta con la jornada del 29-S, sino que hay que elaborar un plan de lucha que encare esta ofensiva de forma sostenida en el tiempo, y hay que exigirlo a CCOO y UGT, a CGT y a las organizaciones del sindicalismo alternativo para que se pongan de acuerdo en concretarlo y ponerlo en marcha.
El contenido del Decretazo de la Reforma Laboral
Sobre los despidos: Nueva definición de las causas del despido objetivo, con preaviso de 15 días, indemnización por despido objetivo improcedente de 33 días, el FOGASA abonará 8 días de indemnización en los despidos de contratos de más de un año.
Sobre la contratación temporal: Se prohíbe el encadenamiento de contratos temporales para el mismo o distinto puesto en la misma empresa o grupo de uno o más contratos temporales, se amplía a 12 días la indemnización por finalización de contrato temporal, reformas de los contratos en prácticas y para la formación, se amplían los supuestos en que se aplica el contrato de fomento de la contratación indefinida. Se limita a dos años la duración máxima del contrato de obra y servicio, pudiéndose ampliar en un año más por convenio colectivo. No se permite el contrato eventual en actividades estacionales.
Sobre la flexibilidad dentro de la empresa: nueva regulación de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con posibilidad de imponerla en convenio colectivo, hasta la vigencia de éste, con 15 días de consultas y arbitraje obligatorio en caso de discrepancias. Nueva regulación de las cláusulas de descuelgue, con definición de las causas, un máximo de inaplicación del convenio hasta la expiración de éste, y también arbitraje obligatorio en caso de discrepancias. Se impone el arbitraje obligatorio en los casos de movilidad geográfica. Medidas de regulación temporal de Empleo: límite de un año, reposición de las prestaciones por desempleo (180 días), establece un máximo y un mínimo de reducción de jornada para los ERE temporales: entre el 10 % y el 70 %.
Sobre el empleo: Admite las agencias de empleo con y sin ánimo de lucro, sólo se excluye la posibilidad de contratación por ETT a los trabajadores en sectores de riesgo, por medio de la negociación colectiva.
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