El
presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha firmado el día 27 de
septiembre el decreto por el que convoca una “consulta” sobre el
futuro como estado de Catalunya para el 9 de noviembre.. Hace esto en
cuanto se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la Ley
sobre Consultas Populares aprobada en el Parlament en la que se basa
el decreto. Con esto se ha cruzado el rubicón. El gobierno de Rajoy
ya había amenazado con reunirse en ese mismo momento para presentar
un recurso al Tribunal Constitucional para paralizarla. Lo ha hecho
el día 29, tras el informe preceptivo del Consejo de Estado, reunido
el 28, un domingo, para elaborarlo. A velocidad de vértigo, la
abogada del estado ha presentado el recurso del gobierno al Tribunal
Constitucional y éste se ha reunido el mismo día 29 (las reuniones
ordinarias deben ser convocadas con al menos tres días de
antelación) para suspender cautelarmente por 5 meses la consulta. La
cosa está al rojo vivo. Es obligación del movimiento obrero hacer
oír su postura. Que no puede ser otra que afirmar el derecho de
Catalunya a decidir.